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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA ELIMINA SU PREMIO TAURINO

Antonio Arenas Casas - presidente  Colegio de Veterinarios de Córdoba

La crisis de la COVID-19 se ha llevado por delante no solo la salud de muchas personas, sino también una buena parte de nuestra economía, entre ella en la producción primaria. Y el mundo de los toros, a caballo entre esta producción primaria y el sector servicios, se ha resentido de manera muy contundente.

Encomiable nos parece el esfuerzo que está realizando la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, por intentar aliviar en parte las tribulaciones del sector taurino en general. La forma de solucionar el problema, según entiende la Consejería, es ir reduciendo costos a base de que cada sector cobre menos. No estaría mal pensado, pero esto hay que hacerlo muy bien o los efectos serán contrarios.

Según el Informe de Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2018 publicado el pasado año por el Ministerio de Cultura y Deporte, se celebraron en España un total de 369 corridas de toros (el espectáculo taurino más frecuente) de las que 93 fueron en plazas de primera categoría, 107 de segunda, 137 de tercera y 32 en portátiles y otras.

Si analizamos los gastos de una corrida media de toros en una plaza de tercera (la opción más frecuente según hemos visto) comprobamos que podría organizarse por unos 65 mil euros, de los que un 65 % se va en los emolumentos a las figuras, el 12 % para abonar el ganado, un 9% de Seguros Sociales, un 3,5% servicios médicos y ambulancias, un 3% pago de tasas e impuestos, 3% cuadra de caballos y otro 3% en gastos varios (seguridad, taquillas, porteros, areneros, banderillas, músicos, cartelería…).

Se pretende desde la Consejería que, a fin de abaratar costos, en la corrida solo haya un veterinario, que sea funcionario, y que además no cobre. Esto nos parece fuera de toda lógica. El veterinario es el único profesional en una corrida que desempeña una serie de obligaciones técnicas que vienen impuestas desde Bruselas, además de cumplir con una abundante legislación a nivel nacional y autonómico. Es decir que obligatoriamente tiene que estar ahí. Por ley ¿Pero trabajar gratis?

La normativa europea y la ley 8/2003 de Sanidad Animal, obligan a todo el ganado que se mueva de una zona a otra a estar debidamente autorizado y saneado, precisamente para evitar enfermedades graves que pueden afectar a los animales, pero también al hombre (¿tenemos que recordar que la COVID-19 procede de los animales?). El veterinario debe proceder a identificar adecuadamente a los animales y comprobar que se hallan en un estado perfecto de salud, así como su capacidad y aptitud, tanto de toros como de caballos. Pero comprobar esto en animales como el toro bravo requiere de unas técnicas y conocimientos específicos que solo puede hacer el veterinario (comprobación de la guía de origen y sanidad y, en su caso, su reemisión, inspección de certificados de nacimiento, documento de identificación bovina, información de la cadena alimentaria, control de crotales…).

Pero, además, es necesario comprobar que los animales vienen como quiere el aficionado, es decir cumplen con el estándar de su encaste, no tienen sus astas retocadas, tienen un buen comportamiento psicomotor, no están dopados…, todo esto también se comprueba con técnicas específicas. El veterinario cumple así una importantísima labor, muchas veces no apreciada e incluso a veces denostada, en defensa del espectador y de la integridad de la fiesta.

Los animales deben ser toreados, pero a ningún aficionado le gusta que los animales sean maltratados con malas prácticas taurinas, muy especialmente en festejos populares. El veterinario asegura que se cumpla escrupulosamente las leyes de bienestar animal.

La carne de las reses de lidia es aprovechada para consumo humano, y el veterinario debe realizar la inspección sanitaria y firmar la documentación de aptitud para su incorporación a la cadena alimentaria, asegurando aspectos de salud pública y seguridad alimentaria.

Debe además asesorar al presidente del festejo desde un punto de vista técnico y científico.

Como vemos, para una corrida de toros o novillos en una plaza de tercera o superior, son necesarios tres veterinarios, uno asesorando al presidente y encargándose de labores relacionadas con la aptitud para la lidia, otro en la inspección veterinaria de carnes y un tercero para comprobación de la documentación oficial y asistencia en el callejón para solucionar posibles incidencias durante la lidia. Es necesario recordar en este punto que los veterinarios oficiales dependemos orgánicamente, unos de la Administraciones de Agricultura, y otros de la Administración de Salud; los primeros tienen funciones en sanidad y bienestar animal, y los segundos en seguridad alimentaria.

Pretende la Consejería que todas estas labores las realice un solo veterinario oficial, y además sin cobrar nada. Pero hay que tener en cuenta que no todos los veterinarios tienen la formación específica sobre aspectos taurinos ni conocen las técnicas adecuadas, pudiendo contravenir los preceptos de buena praxis por desconocimiento o el de “lex artis ad hoc”. ¿Se enviaría a un médico funcionario que trabaja en un ambulatorio, como cirujano a la plaza de toros y sin cobrar?

Por cierto, el equipo de tres veterinarios cobra el 1,2 % del coste total de la corrida. Es decir 276 € cada veterinario (por ir a trabajar dos días, y además festivos).

Como quiera que no estamos de acuerdo en que se reduzca el número de veterinarios y que además se envíe a personal funcionario sin remuneración, obligándoles a realizar una labor que está fuera de sus competencias, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial ha decidido unánimemente eliminar definitivamente, a modo de protesta, el “Premio Taurino a la mejor presentación morfofuncional de las corridas lidiadas en el coso Los Califas”.

Desafortunadamente, nuestra fiesta nacional tiene ya la espada en las agujas.