EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA ELIMINA SU
PREMIO TAURINO
Antonio
Arenas Casas - presidente Colegio
de Veterinarios de Córdoba
La crisis de la COVID-19 se ha llevado
por delante no solo la salud de muchas personas, sino también una buena parte
de nuestra economía, entre ella en la producción primaria. Y el mundo de los
toros, a caballo entre esta producción primaria y el sector servicios, se ha resentido
de manera muy contundente.
Encomiable nos parece el esfuerzo que
está realizando la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos de la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía, por intentar aliviar en parte las tribulaciones del sector taurino
en general. La forma de solucionar el problema, según entiende la Consejería,
es ir reduciendo costos a base de que cada sector cobre menos. No estaría mal
pensado, pero esto hay que hacerlo muy bien o los efectos serán contrarios.
Según el Informe de Estadística de Asuntos
Taurinos 2012-2018 publicado el pasado año por el Ministerio de Cultura y
Deporte, se celebraron en España un total de 369 corridas de toros (el
espectáculo taurino más frecuente) de las que 93 fueron en plazas de primera
categoría, 107 de segunda, 137 de tercera y 32 en portátiles y otras.
Si analizamos los gastos de una corrida media
de toros en una plaza de tercera (la opción más frecuente según hemos visto)
comprobamos que podría organizarse por unos 65 mil euros, de los que un 65 % se
va en los emolumentos a las figuras, el 12 % para abonar el ganado, un 9% de
Seguros Sociales, un 3,5% servicios médicos y ambulancias, un 3% pago de tasas
e impuestos, 3% cuadra de caballos y otro 3% en gastos varios (seguridad, taquillas,
porteros, areneros, banderillas, músicos, cartelería…).
Se pretende desde la Consejería que, a
fin de abaratar costos, en la corrida solo haya un veterinario, que sea
funcionario, y que además no cobre. Esto nos parece fuera de toda lógica. El
veterinario es el único profesional en una corrida que desempeña una serie de obligaciones
técnicas que vienen impuestas desde Bruselas, además de cumplir con una
abundante legislación a nivel nacional y autonómico. Es decir que
obligatoriamente tiene que estar ahí. Por ley ¿Pero trabajar gratis?
La normativa europea y la ley 8/2003 de
Sanidad Animal, obligan a todo el ganado que se mueva de una zona a otra a
estar debidamente autorizado y saneado, precisamente para evitar enfermedades
graves que pueden afectar a los animales, pero también al hombre (¿tenemos que
recordar que la COVID-19 procede de los animales?). El veterinario debe
proceder a identificar adecuadamente a los animales y comprobar que se hallan
en un estado perfecto de salud, así como su capacidad y aptitud, tanto de toros
como de caballos. Pero comprobar esto en animales como el toro bravo requiere
de unas técnicas y conocimientos específicos que solo puede hacer el
veterinario (comprobación de la guía de origen y sanidad y, en su caso, su reemisión,
inspección de certificados de nacimiento, documento de identificación bovina, información
de la cadena alimentaria, control de crotales…).
Pero, además, es necesario comprobar que los animales
vienen como quiere el aficionado, es decir cumplen con el estándar de su
encaste, no tienen sus astas retocadas, tienen un buen comportamiento
psicomotor, no están dopados…, todo esto también se comprueba con técnicas
específicas. El veterinario cumple así una importantísima labor, muchas veces
no apreciada e incluso a veces denostada, en defensa del espectador y de la
integridad de la fiesta.
Los animales deben ser toreados, pero a
ningún aficionado le gusta que los animales sean maltratados con malas
prácticas taurinas, muy especialmente en festejos populares. El veterinario
asegura que se cumpla escrupulosamente las leyes de bienestar animal.
La carne de las reses de lidia es
aprovechada para consumo humano, y el veterinario debe realizar la inspección
sanitaria y firmar la documentación de aptitud para su incorporación a la
cadena alimentaria, asegurando aspectos de salud pública y seguridad
alimentaria.
Debe además asesorar al presidente del
festejo desde un punto de vista técnico y científico.
Como vemos, para una corrida de toros o
novillos en una plaza de tercera o superior, son necesarios tres veterinarios,
uno asesorando al presidente y encargándose de labores relacionadas con la
aptitud para la lidia, otro en la inspección veterinaria de carnes y un tercero
para comprobación de la documentación oficial y asistencia en el callejón para solucionar
posibles incidencias durante la lidia. Es necesario recordar en este punto que
los veterinarios oficiales dependemos orgánicamente, unos de la Administraciones
de Agricultura, y otros de la Administración de Salud; los primeros tienen
funciones en sanidad y bienestar animal, y los segundos en seguridad
alimentaria.
Pretende la Consejería que todas estas
labores las realice un solo veterinario oficial, y además sin cobrar nada. Pero
hay que tener en cuenta que no todos los veterinarios tienen la formación
específica sobre aspectos taurinos ni conocen las técnicas adecuadas, pudiendo
contravenir los preceptos de buena praxis por desconocimiento o el de “lex
artis ad hoc”. ¿Se enviaría a un médico funcionario que trabaja en un
ambulatorio, como cirujano a la plaza de toros y sin cobrar?
Por cierto, el equipo de tres
veterinarios cobra el 1,2 % del coste total de la corrida. Es decir 276 € cada
veterinario (por ir a trabajar dos días, y además festivos).
Como quiera que no estamos de acuerdo en
que se reduzca el número de veterinarios y que además se envíe a personal
funcionario sin remuneración, obligándoles a realizar una labor que está fuera
de sus competencias, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial ha decidido
unánimemente eliminar definitivamente, a modo de protesta, el “Premio
Taurino a la mejor presentación morfofuncional de las corridas lidiadas en el
coso Los Califas”.
Desafortunadamente, nuestra fiesta nacional
tiene ya la espada en las agujas.
